Fecha de Publicación: 19/06/2024

La desaparición de Loan. Una ONG pide que la causa pase a la Justicia federal ante la hipótesis de que haya sido raptado

La Fundación Alameda sostuvo, en una presentación ante la Protex, que “la hipótesis no se reduce solo a extravío, sino que hay múltiples indicios que podrían incluir hasta el secuestro y eso implica una movilización federal de recursos mucho más vasta e intensiva”. Una ONG que tiene su base en la ciudad de Buenos Aires y que focaliza su actividad jurídica en la asistencia y asesoramiento a personas afectadas por el trabajo esclavo, las redes de trata y talleres clandestinos, presentó un escrito ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) para pedir que la causa de la desaparición de Loan Danilo Peña en el interior de Corrientes pase a la Justicia federal para ser investigada como un eventual rapto con fines de trata de personas. “En el día de ayer, con la firma del presidente de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, se presentó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) en relación con la desaparición del menor Loan Danilo Peña y la búsqueda que se está desplegando. En el texto presentado ante los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano se hace una compilación de los hechos sucedidos desde el pasado 13 de junio hasta la fecha, considerando las fuerzas que participan de su búsqueda, la emisión de la Alerta Sofía, la recompensa ofrecida y los pasos que dio el fiscal de la justicia ordinaria, haciendo hincapié en los dichos de la propia familia del menor y la sospecha de que podría tratarse de un caso de trata de personas”, informó la ONG en su portal institucional. “Sostenemos que la causa debe ser tramitada por el Juzgado Federal de Goya, a cargo de la Doctora Cristina Pozzer Penzo, y no por el Juzgado de Garantías de Goya que actualmente lleva la causa, encabezado por el Doctor Carlos Antonio Balestra, porque la hipótesis no se reduce solo a extravío, sino que hay múltiples indicios que podrían incluir hasta el secuestro y eso implica una movilización federal de recursos mucho más vasta e intensiva”. Actualmente, la Protex interviene, dentro del protocolo dispuesto por el Alerta Sofía –que se activó el mismo día de la desaparición del chico–, en la mesa de trabajo que encabeza el fiscal correntino Juan Carlos Castillo, que hasta el momento sostiene que, en función de los elementos recogidos hasta el momento, no se han encontrado “indicios de que Loan pudiera haber sido víctima de trata”, y la principal hipótesis del caso es que Loan se perdió en campo abierto, idea que guía los rastrillajes. Los tres detenidos que tiene el caso –el tío de Loan, Bernardino Benítez, y una pareja amiga, Daniel Ramírez, alias Fierrito, y Mónica del Carmen Millapi– están procesados con prisión preventiva por el delito de “abandono de persona”, ya que eran los adultos que, por propia voluntad, tenían bajo su cuidado al chico, al que llevaron, junto con otros menores, a juntar naranjas cerca de la casa de la abuela de niño, donde habían almorzado, el jueves pasado. **Argumentos de la presentación** En su presentación ante la Protex, el presidente de la Alameda sostuvo que, para sostener el pedido de cambio de competencia “se puso en consideración no solo la experiencia práctica en cientos de casos en los que esta Fundación colaboró, sea de forma directa o indirecta, acompañando a familiares, organizaciones y a la propia Justicia, sino también la abultada jurisprudencia y manuales de buenas prácticas que deben ser implementados frente a la desaparición de una persona”. Tomaron como antecedente relevante el hecho de que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidió sobre este tema en el caso González y otras (´Campo Algodonero´) vs. México detallando que ‘las autoridades deben presumir que la persona desaparecida está privada de libertad y sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido’”. “Las desapariciones de niños, niñas y adolescentes, así como las de mujeres jóvenes, en situación de pobreza, desempleo y vulnerabilidad socioeconómica, requieren de una especial atención a la existencia de una hipótesis de trata de personas que hubiera motivado el alejamiento”, señalaron desde la ONG. Y recordaron que “en este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantuvo la postura esgrimida en otros dictámenes de competencia en los que resolvió, resaltando que ‘…mantener y promover la competencia del fuero federal para investigar la posible comisión del delito de trata de personas resulta de fundamental importancia para asegurar la eficacia de la norma que lo reprime, y que eso determina que, ante la existencia de alguno de los extremos inherentes al delito de trata, la justicia federal no puede declinar su competencia ni declinar la que se le pretenda atribuir, sin antes realizar las medidas necesarias para establecer si se halla configurado o no dicho ilícito’”. También sostuvieron que la propia Protex postuló, para casos de este tipo, que “es recomendable que durante estas primeras horas el fiscal no tome decisiones que descarten líneas de investigación que puedan desatender aspectos del caso por falta de información o desconocimiento”. Agregaron: “Debe primar, en este primer momento, un criterio de amplitud respecto de las hipótesis en danza, incorporando y analizando recíprocamente la mayor cantidad de información posible. El investigador debe convivir con la existencia de múltiples hipótesis de investigación, o con la ausencia de una hipótesis concreta. El rol del fiscal es fundamental en esta instancia porque debe centralizar la información recibida de las distintas fuentes, y realizar constantemente cruces de datos y evaluar los riesgos en dos sentidos: la preservación de la prueba y la necesidad de privilegiar ciertas vías de trabajo”. Señalaron, también, que “la experiencia recogida por la Protex en la tramitación de investigaciones iniciadas por este tipo de denuncias ha dejado la certeza que existe una respuesta de baja calidad y eficacia para abordar estas problemáticas. En efecto, algunos de los inconvenientes registrados dan cuenta de la falta de coordinación en los procesos de búsqueda de personas y de una segmentación de la información que se encuentra en las provincias, lo cual impide que la búsqueda se extienda a las distintas jurisdicciones con la rapidez necesaria, de ahí se desprende la importancia y necesidad de que estos casos rápidamente sean abordados por el fuero federal”. “En estos casos, entre las múltiples hipótesis, siempre hay que prever el peor escenario, que podría haber sido secuestro y/o trata, y sin descartar otras hipótesis menores, poner todos los recursos del Estado al servicio de la búsqueda, como la CNRT [Comisión Nacional de Regulación del Transporte], el alerta migratorio en la DNM [Dirección Nacional de Migraciones], los controles vehiculares, la masiva difusión en las comisarías de todo el país, los controles en las fronteras, etcétera”, concluyeron. LN+